La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa de Reforma Política que contempla la revocación de mandato para el presidente de la República, secretarios de Estado, legisladores, gobernadores y presidentes municipales.
La iniciativa presentada durante la sesión ordinaria de hoy por la diputada María del Carmen Izaguirre establece también revocar el mandato a los asambleístas y jefes delegacionales del Distrito Federal, así como a los síndicos, regidores y diputados locales.
“Para que proceda se requiere de la solicitud suscrita por al menos 15 por ciento de los ciudadanos que conforman el padrón electoral nacional del estado, del municipio, del distrito o de la delegación del Distrito Federal, según sea el caso”, dijo la priista en tribuna.
Explicó que cuando los funcionarios cometan ilícitos, actos deshonestos o negligencia podrán ser destituidos de su cargo mediante votación, con determinado número de electores establecido en la ley.
La reforma plantea que la revocación de mandato sólo se podrá solicitar una vez que haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fue electo.
El Instituto Electoral Federal (IFE), de los estatales o del Distrito Federal, según sea el caso, serán los encargados de emitir las bases del procedimiento a seguir para proceder a la revocación de mandato.
“Esta figura abre la posibilidad a la ciudadanía para que, una vez satisfechos los requisitos correspondientes, se someta a consulta la remoción de un funcionario público electo, antes de que venza el plazo para el cual fue designado”, dijo la legisladora al presentar la iniciativa de reformas a los artículos 74, 76 y 109 de la Constitución.
Asimismo se faculta a los Congresos de los estados para que suspendan el mandato de los municipios por las causas graves que marque el código municipal, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, siempre y cuando los municipios hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas.
Izaguirre expuso que la realidad que actualmente estamos viviendo, los actos gubernamentales secretos, la mentira, el ocultamiento de información o la difusión a cuentagotas, las llamadas filtraciones, deben terminar en el quehacer público y esta reforma sería un paso importante para erradicarlas.
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