Con el objetivo de permitir la contratación y concesión hasta por 40 años a empresas privadas de todo tipo de infraestructura (escuelas, carreteras, hospitales, plantas hidroeléctricas, telecomunicaciones), así como todo tipo de prestación de servicios públicos (agua, energía eléctrica, transporte urbano, recolección de basura, tratamiento de desechos, seguridad y hasta panteones) el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, considerada por sus principales críticos como anticonstitucional y “la subasta más salvaje” de este país durante el sexenio.
Las presiones de los gobernadores del PAN, PRI y algunos del PRD, así como el intenso cabildeo del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Alonso Pascual García Tamés, actual director de Banobras, ambos amigos de Felipe Calderón, aceleró la discusión en comisiones y la votación de este dictamen, el 7 y el 12 de octubre pasados, en el pleno del Senado.
El dictamen pretende ser aprobado fast track en la Cámara de Diputados antes de que inicie la discusión sobre la Ley de Egresos para el 2011. Para los senadores Pablo Gómez, del PRD, y Ricardo Monreal, del PT, se trata del “saqueo más grande de las finanzas nacionales” ya que comprometen los recursos públicos de manera transexenal.
“Esta ley, si llega a entrar en vigor va a inaugurar, una nueva generación de la corrupción pública. Esto es lo que nos va a dejar Calderón”, afirmó Pablo Gómez, quien trató infructuosamente de frenar la aprobación de la iniciativa el jueves 7 de octubre.
“Sustituyendo a la autoridad pública en la creación de infraestructura necesaria y dejando a los particulares la administración de la misma, no se promueve la infraestructura, sino los buenos negocios y la corrupción pública que, eso en México, ya es decir bastante”, remató Gómez durante su intervención en tribuna.
En sus objeciones, Monreal afirmó que esta ley violenta el artículo 28 constitucional al incluir “la prestación de servicios” reservados para el Estado, deja al libre albedrío de los particulares las decisiones en materia de obras y servicios y viola la facultad fiscalizadora del Congreso.
“Al no haber control por parte del Congreso, se evade la fiscalización y no se fomenta la responsabilidad presupuestaria, ya que permite al gobernante en turno comprometer recursos futuros, dejando a las siguientes administraciones un pasivo”, resumió.
El senador priista Francisco Labastida Ochoa, uno de los principales críticos de la iniciativa al interior de su bancada, admitió a Proceso que lograron el 80 por ciento de los cambios necesarios a la iniciativa original del Ejecutivo, pero que se requieren aún 20 por ciento de los cambios necesarios para evitar que sea “uno de los proyectos más desmanteladores” que había él visto en sus 48 años de servicio público.
Labastida presumió que el PRI logró más de 20 cambios de fondo, entre ellos, la prohibición de la figura de los fideicomisos, la eliminación de candados de discrecionalidad que permitían la asignación directa o las expropiaciones sin respeto a lo estipulado en la Ley Agraria, pero admitió que no existen candados antimonopólicos que permitan, por ejemplo, que una sola empresa se lleve los contratos de construcción de carreteras.
Fast Track Legislativo
El primer intento por aprobar esta polémica ley fue el 29 de abril de este año. Con los votos de la mayoría del PAN y del PRI se aprobó en lo general, pero los senadores del PRD, PT y Convergencia plantearon más de setenta reservas a la nueva ley y tuvo que posponerse hasta el presente periodo ordinario.
“¡Es un atraco, un asalto en despoblado!”, afirmó el senador Ricardo Monreal, del PT, al presentar en aquella sesión 65 reservas.
Los senadores perredistas Rosalinda López, Rubén Garibay, Rubén Vázquez y Silvano Aureoles presentaron otras 13 reservas y consideraron que se trataba de una iniciativa anticonstitucional.
El senador priista Eloy Cantú, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, uno de los principales impulsores de la ley, se quejó en aquella ocasión por la “táctica dilatoria” de los senadores de izquierda. Sin embargo, dentro de la propia bancada del PRI varios senadores expresaron su oposición a lo que consideraron “el proyecto más desmantelador” del sector público.
Entre esos opositores a la ley estaban el senador Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI y responsable de asuntos económicos dentro de su bancada. En la sesión plenaria de su bancada, realizada entre el 23 y 24 de agosto en Acapulco, Labastida criticó la iniciativa del Ejecutivo y demandó que se le impusieran candados para evitar que por esta vía se diera entrada a la iniciativa privada en la explotación de hidrocaburos.
El jueves 7 de octubre, con apenas la mitad del quórum de legisladores, el Senado aprobó por 64 votos en lo particular y ninguno en contra, 55 de los más de 140 artículos de la iniciativa.
Durante esa sesión, se aprovechó la ausencia del senador petista Ricardo Monreal, quien había presentado varias reservas. Cantú Segovia presumió que el PRI logró excluir la figura de los fideicomisos de varios artículos.
El martes 12 de octubre, en menos de veinte minutos, el Senado aprobó por 85 votos a favor y sólo 8 en contra la ley en sus términos generales. No hubo discusión alguna.
En la exposición de motivos, las comisiones dictaminadoras afirman que “los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto”.
